SÍNTESIS DE VOZ
El Programa Artemisa se presenta como una iniciativa para regresar a la Luna, sostener allí actividades humanas y preparar futuras misiones a Marte. Su lenguaje público habla de cooperación, ciencia y beneficios compartidos, mientras que su arquitectura depende de liderazgo institucional de Estados Unidos, alianzas selectivas y empresas privadas encargadas de capacidades esenciales.
La crítica social comienza cuando preguntamos quién fija las reglas antes de que la actividad lunar sea rutinaria, qué países pueden contribuir a su diseño y quiénes podrán convertir sus capacidades técnicas en ventajas duraderas. Los Acuerdos de Artemisa son compromisos políticos no vinculantes, aunque su influencia puede crecer si se convierten en el estándar práctico para operar y cooperar en misiones lunares.
Llamar colonial a esta estructura no equivale a afirmar que Estados Unidos haya adquirido soberanía sobre la Luna, algo que el derecho espacial prohíbe. La cuestión es si una potencia y sus socios con mayor financiamiento pueden establecer expectativas operativas sobre recursos y zonas de seguridad antes de alcanzar un consenso multilateral, amplio y legítimo, que represente con más equilibrio a todos los países.
El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre declara que la exploración debe beneficiar a todos los países, independientemente de su desarrollo económico o científico, y prohíbe la apropiación nacional de la Luna y otros cuerpos celestes. Ese marco común permanece vigente, aunque sus reglas generales dejan preguntas abiertas sobre la extracción de recursos, la coordinación de operaciones cercanas y el reparto de beneficios.
NASA y el Departamento de Estado de Estados Unidos impulsaron los Acuerdos de Artemisa en 2020, inicialmente con siete países socios, para acordar principios de cooperación en misiones civiles. El documento reafirma obligaciones existentes, promueve transparencia y asistencia, y sostiene que extraer recursos no constituye por sí mismo apropiación nacional, una interpretación relevante que otros Estados no están obligados a aceptar como regla universal.
La dimensión geopolítica surge porque la adhesión se organiza alrededor de un programa liderado por Washington y de prácticas que podrían consolidarse antes de una negociación amplia en Naciones Unidas. La dimensión económica se aprecia en el papel de proveedores privados en los sistemas de aterrizaje, mientras que la dimensión social reside en quién participa en la toma de decisiones y quién recibe beneficios científicos, industriales y materiales.
¿EN QUÉ SENTIDO ARTEMISA PUEDE CONSIDERARSE HEGEMÓNICA?
El liderazgo estadounidense es visible en la iniciativa diplomática, en la dirección de NASA y en la centralidad de sus estándares para las misiones afiliadas al programa. Los Acuerdos son abiertos a nuevos firmantes, pero la posibilidad de adherirse a principios redactados por un líder tecnológico no equivale a contar con igual influencia en su elaboración, implementación o interpretación posterior.
La hegemonía no necesita presentarse como una orden explícita, también puede operar cuando una potencia define el marco que sus socios adoptan para acceder a proyectos, infraestructura y oportunidades científicas. El carácter no vinculante de los Acuerdos limita sus efectos jurídicos directos, aunque no elimina su capacidad de crear expectativas compartidas entre gobiernos, agencias y empresas.
Hay que reconocer que la competencia no es exclusivamente estadounidense, pues China y Rusia impulsan su propia Estación Internacional de Investigación Lunar y buscan sumar participantes. Esa rivalidad confirma que la gobernanza lunar se está organizando mediante coaliciones geopolíticas, por lo que conviene fortalecer reglas universales y una participación equitativa sin idealizar ningún bloque alternativo.
¿CÓMO SE RELACIONAN LOS ACUERDOS CON EL CAPITALISMO ESPACIAL?
La campaña Artemisa se apoya en contratos públicos con compañías privadas para producir sistemas de aterrizaje y otros componentes de misión. NASA argumenta que ese modelo comercial puede estimular la innovación y disminuir costos, pero también hace que recursos públicos contribuyan a crear capacidades industriales con potencial para atender, de forma rentable, futuros mercados espaciales.
El documento de los Acuerdos reconoce la extracción y utilización de recursos como actividades que pueden apoyar operaciones seguras y sostenibles. No fija un régimen global completo para compartir ingresos, tecnologías o ventajas derivadas de esos recursos, de modo que la promesa de beneficio para toda la humanidad queda pendiente de mecanismos concretos y verificables.
La pregunta distributiva no se resuelve señalando que los contratos siguen reglas nacionales o que la investigación genera conocimiento público, porque los beneficios industriales y estratégicos pueden concentrarse en los países y firmas con capital, infraestructura y experiencia. Una agenda justa tendría que incluir transparencia contractual, cooperación científica abierta, formación técnica y acuerdos de beneficios que incorporen a países con menor capacidad espacial.
¿POR QUÉ LA CRÍTICA NEOCOLONIAL TIENE BASE SOCIAL Y POLÍTICA?
La crítica neocolonial apunta a patrones de decisión en los que actores con poder económico y tecnológico definen qué territorios o recursos adquieren valor, y establecen cómo se autorizan sus usos. En el caso lunar, el riesgo consiste en trasladar esa desigualdad al espacio mediante decisiones de acceso, prioridad operativa y extracción, aunque ningún Estado pueda reclamar soberanía sobre la Luna.
Los debates sobre la expansión colonial terrestre muestran por qué la idea de una frontera disponible puede ocultar historias de despojo, exclusión y desigualdad en la distribución del conocimiento y la riqueza. Esa comparación histórica sirve para examinar estructuras de poder, pero no convierte automáticamente las misiones actuales en colonización material ni resuelve por sí sola su estatus jurídico.
Una ética espacial coherente requiere incluir a sociedades diversas, saberes humanísticos, especialistas en ambiente y comunidades que históricamente han tenido poca capacidad de incidir en decisiones tecnocientíficas. También requiere reconocer que el patrimonio lunar y la protección de entornos extraterrestres tienen un valor público que debe ser discutido antes de autorizar intervenciones irreversibles.
¿QUÉ TENSIONES JURÍDICAS EXISTEN EN TORNO A LOS RECURSOS Y LAS ZONAS DE SEGURIDAD?
El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre prohíbe la apropiación nacional de cuerpos celestes, y los Acuerdos afirman que extraer recursos no constituye por sí mismo apropiación nacional. Esa formulación es una interpretación de los Estados firmantes, no una enmienda al tratado ni una resolución vinculante de la comunidad internacional completa.
Las zonas de seguridad se describen como medios de notificación y coordinación para evitar interferencias dañinas, y esa finalidad puede proteger a misiones y personal. El problema aparece si una zona amplia o prolongada llega a restringir de hecho el acceso de otros actores a lugares escasos, pues su legitimidad depende de criterios públicos, proporcionales, temporales y compatibles con la libertad de exploración.
Los juristas discrepan sobre cómo se relacionan la extracción, la apropiación y las obligaciones de beneficio común, y los tratados existentes no despejan todas las situaciones futuras. Por ello, es más responsable tratar el tema como una controversia abierta que requiere negociación multilateral, supervisión independiente y mecanismos de solución de disputas aceptados fuera del grupo de firmantes.
¿QUÉ DEBERÍA EXIGIR MÉXICO Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL?
México firmó los Acuerdos de Artemisa en 2021, y en 2026 asumió un papel de liderazgo en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de COPUOS. Esa trayectoria ofrece al país una oportunidad para conectar cooperación espacial con reglas internacionales legítimas, participación pública y atención a las necesidades de Estados con capacidades desiguales.
Una agenda multilateral razonable podría establecer estándares claros para notificar actividades, limitar las zonas de seguridad, proteger áreas científicas y patrimoniales, publicar datos y medir impactos ambientales. También debería definir cómo se comparten capacidades, resultados y beneficios económicos, junto con procedimientos transparentes para escuchar objeciones y evitar que una coalición convierta su práctica en norma de todos.
México puede defender la cooperación con socios de Artemisa y al mismo tiempo insistir en que las reglas se debatan en foros universales y con evidencia abierta. La soberanía nacional sobre decisiones de adhesión debe acompañarse de deliberación legislativa, consulta científica y evaluación pública sobre costos, compromisos, transferencia tecnológica y retorno social para la población mexicana.
El Programa Artemisa combina metas científicas y tecnológicas con objetivos de liderazgo estadounidense, cooperación internacional y desarrollo de capacidades comerciales privadas. Sus Acuerdos tienen elementos útiles de transparencia, asistencia y coordinación, aunque el tratamiento de recursos y seguridad también expresa una lectura política sobre cómo organizar actividades que todavía carecen de un régimen universal detallado.
La crítica hegemónica y neocolonial es sólida cuando identifica la concentración de poder para establecer estándares, la desigualdad de capacidades para participar y el predominio de una economía espacial impulsada por contratos y mercados. Debe mantenerse precisa, porque los Acuerdos no conceden soberanía lunar a Estados Unidos, no son un tratado vinculante y no prueban por sí mismos que los recursos ya hayan sido apropiados.
El dilema es decidir si la práctica precederá a la justicia internacional, o si la cooperación podrá avanzar bajo reglas acordadas por una comunidad amplia. La legitimidad de la exploración lunar dependerá de que la investigación abierta, la protección de sitios y la distribución de beneficios tengan mecanismos efectivos, y de que las naciones con menos poder tecnológico puedan influir en las decisiones que afectarán a todos.
La Luna no debería ser gobernada mediante acuerdos sociales que se formen exclusivamente entre quienes pueden llegar primero, porque la capacidad técnica no concede autoridad moral ilimitada. La exploración también implica decisiones sobre patrimonio, ciencia, ambiente y distribución, por lo que requiere deliberación pública y respeto a los principios de uso común establecidos en el derecho espacial.
La crítica social tampoco exige rechazar toda cooperación con NASA ni descalificar el trabajo de científicos e ingenieros que participan en Artemisa. Exige examinar quién controla los contratos, qué interpretaciones jurídicas se proponen, cuáles actores quedan fuera y qué beneficios públicos pueden verificarse con información accesible.
Si México participa en estas iniciativas, su voz puede ayudar a impulsar una cooperación más equitativa siempre que acompañe la firma con debate público y objetivos verificables. La exploración del espacio será socialmente legítima cuando amplíe el conocimiento compartido, limite la concentración de ventajas y preserve la posibilidad de que las generaciones futuras intervengan en las reglas que hoy se están formando.